Ocupan islote en Guatape que sería de red de extracción ilegal de oro – Delitos – Justicia



La Fiscalía y la Dirección de Carabineros de la Policía ocuparon con fines de extinción de dominio bienes de un grupo familiar, conocido como ‘Lucar’, vinculado a investigaciones por extracción ilícita de oro y afectación a los recursos naturales.

Las señaladas cabezas de la red, según la Fiscalía, son Luis Aníbal Cardona Henao y sus hijos Jaider Andrés, Huber Aníbal y Luis Guillermo Cardona Mayo.

Ellos son señalados de comprar una importante cantidad de bienes con los dineros obtenidos por minería ilegal en Antioquia, Cauca y sur de Bolívar.

Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio
impuso medidas cautelares sobre 27 inmuebles; entre fincas, apartamentos, casas, lotes y edificaciones; además de 4 establecimientos de comercio, 2 sociedades y 3 vehículos, que figuraban a nombre del ‘Clan Lucar’ y su núcleo familiar.

Los bienes, cuyo valor comercial ascendería a 25 mil millones de pesos, fueron ocupados en diligencias realizadas en los municipios antioqueños de San Rafael, Guatapé, El Peñol, Barbosa, Bello y Cisneros. Sobresalen fincas lujosas, edificios y la mitad de un islote ubicado en la represa de Guatapé (Antioquia) avaluado en 2.003 millones de pesos.

Así mismo, llamó la atención de los investigadores un predio localizado en zona rural de San Rafael (Antioquia) donde funcionaba la mina San Julián, en la que mediante la modalidad de socavón se extraía oro en grandes cantidades.

Este predio estaba rodeado a su vez, por 11 lotes de terreno de gran  extensión que le permitieron a esta organización tener independencia durante las labores de
explotación del mineral y expandir su cobertura de acción.

Las evidencias indican que, para dar apariencia de legalidad a los millonarios ingresos obtenidos ilícitamente, esta red adquiría inmuebles en los que se levantaban complejos comerciales que, posteriormente, eran arrendados.

La Fiscalía señala que hay evidencia sobre la venta de oro a distintas comercializadoras que posteriormente pagaron regalías al Estado y reportaron a Luis Aníbal Cardona como vendedor del mineral, cuya procedencia era ilícita, pues nunca tuvo título minero autorizado por la Agencia Nacional de Minería.

La red llevaba maquinaria pesada a los sitios de extracción para acelerar el proceso para obtener el oro y comercializarlo.

La Fiscalía señaló que la red hizo diversas solicitudes de legalización minera y de contratos de concesión para explotar, las mismas que fueron rechazadas por la Agencia Nacional Minera.

En el curso del proceso se estableció que Luis Aníbal Cardona Henao concentró las operaciones ilegales en San Rafael y Segovia (Antioquia); mientras que sus hijos se encargaron de sostener yacimientos en El Bordo y Bolívar (Cauca), sobre el río Guachicono, y en otros municipios antioqueños.

El cruce de información puso al descubierto que los Cardona reportaron ante la DIAN cerca de mil millones de pesos por operaciones mineras cumplidas entre 2010 y 2014, claramente amparados en normas que no les eran aplicables. Asimismo, parte del oro declarado salió de 14 minas ubicadas en distintos municipios de Antioquia, pero fue registrado como si hubiera sido extraído en una sola mina, que no tenía título minero.

Luis Aníbal Cardona Henao, Huber Aníbal y Luis Guillermo; y otras personas que harían parte de la red fueron capturadas y judicializadas en diciembre del 2019.

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