Mario Montoya: tutelas ordenan entregar a víctimas de falsos positivos pruebas de Fiscalía – Delitos – Justicia



Buscar la verdad sobre lo que le pasó a su hijo le ha costado a Alfamir Castillo Bermúdez desde amenazas hasta atentados, como el que sufrió en enero del año pasado cuando dispararon contra el vehículo en el que viajaba hacia el Valle.

También le ha costado muchas peleas ante la justicia, pidiendo que se les impute cargos a los culpables, y que se llegue a los máximos responsables de la muerte de su hijo Darbey Mosquera Castillo, asesinado en febrero del 2008, después de que un soldado del batallón Contraguerrillas 57 Mártires de Puerres lo contactó a él y a Álex Hernando Ramírez, y les ofreció un trabajo en una instalación de tuberías de gas en Caldas. Pero en lugar de obtener el empleo fueron asesinados por integrantes de ese batallón en Manizales, y reportados como miembros de grupos armados caídos en combate.

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Para poder reconstruir la verdad escondida, Alfamir Castillo y John Jairo Ortega Hurtado, hermano de Ramírez, le pidieron a la Fiscalía desde el 2016 que les entregue los documentos reservados y secretos contra el general en retiro Mario Montoya Uribe, quien fue el máximo comandante del Ejército entre el 2006 y 2008, la época en la que más hubo ‘falsos positivos’.

Primero vino una respuesta del 8 de noviembre del 2016 en la que la Fiscalía les dijo que, por tratarse de hechos en los que se investiga a un comandante del Ejército, había información reservada y confidencial que impedía que ellos tuvieran las pruebas.

La Fiscalía insistió en que solo podía dejarles copiar 90 folios que, según los familiares, no representaban ni el 2 por ciento de la información solicitada. En total, las víctimas pidieron las copias de 198 pruebas y evidencia forense de esos archivos ocultos.

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El abogado Germán Romero, quien representa a Castillo y a Ortega, le dijo a EL TIEMPO que la razón para pedir esas copias “no es caprichosa”, pues asegura que para poder entender la “sistematicidad en estos casos”, que constituyeron graves violaciones de los derechos humanos, no basta con acceder a la información de algunos procesos y pruebas, sino que se requiere “el conjunto de actuaciones”.

Para poder entender la sistematicidad en estos casos no basta con acceder a la información de algunos procesos y pruebas, sino que se requiere el conjunto de actuaciones

Pero además, asegura, poder acceder a documentos, manuales, planes militares, diarios y libros de unidades de brigada que están en reserva, es clave para “conocer cuál es el universo completo de responsables”, –pues afirma que en estos casos no ha habido justicia–, así como las motivaciones para “asesinar a más de 3.000 inocentes” con esta macabra práctica.

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El tercer argumento, dice Romero, es que el país no puede “seguir bajo el oscurantismo del militarismo”, y no tiene sentido ocultar documentación militar de hace 12 años “que ya perdió vigencia”.

Por eso insistieron con tutelas que primero fueron rechazadas en la Corte Suprema de Justicia. Pero el caso llegó a la Corte Constitucional que, en un fallo conocido por EL TIEMPO, acaba de darles la razón. En su decisión regaña a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que lleva el caso contra Montoya en la justicia ordinaria, aunque el proceso también está en la JEP.

La Corte le dice al ente acusador que vulneró los derechos al debido proceso y a la administración de justicia de las víctimas porque, aunque la Fiscalía dijo que la reserva se fundaba en que los documentos tenían información de “estrategia militar”, no justificó cuáles eran las razones y argumentos legales para negar el acceso.

Así, coincide con las víctimas en que impedirles acceder a esta información puede obstaculizar que hagan un control más amplio sobre las actuaciones de la Fiscalía, por lo cual, por regla, este organismo debe entregar las copias que ellas pidan para poder ejercer sus derechos. Solo en ciertos casos, “con precisos límites”, y explicando en qué leyes se basa, dice la Corte, la Fiscalía puede mantener en reserva cierta información.

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El TIEMPO le preguntó a la Fiscalía si ya se cumplió este fallo, que le daba un plazo de 48 horas para responder de nuevo a la petición de las víctimas. El ente acusador aseguró que, en cumplimiento de otro fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia, por una petición que les hizo Cruz Elena Peña, madre de Juan Diego Martínez (otro joven víctima de una ejecución extrajudicial), el 20 de mayo del 2019 les entregó copias de la información “a todos los representantes de víctimas acreditados en la indagación” contra Mario Montoya.

Por eso, dijo, la orden que ahora da la Corte Constitucional “a la fecha se encuentra cumplida”. La Fiscalía dice que por solicitud del abogado Sebastián Escobar, quien representa a Peña, se “escanearon la totalidad de los cuadernos 1, 2 y 3 y se copiaron 4 DVD, entre otros”.

En febrero, cuando Montoya se presentó en la JEP, familiares de víctimas de ‘falsos positivos’ hicieron una manifestación afuera del edificio.

Sin embargo, el abogado Germán Romero asegura que del fallo de la Corte Constitucional, en concreto, la Fiscalía aún no les ha dado respuesta. En todo caso, reconoce que desde que se presentó la tutela hasta hoy el ente acusador sí les ha permitido revisar y acceder a copias de forma más amplia que al principio, y les ha autorizado sacar un 60 por ciento de lo que estaba oculto.

Pero, dijo, “del universo de documentos militares, todavía hay un grupo de evidencias sobre la práctica de ejecuciones extrajudiciales que la Fiscalía nos ha permitido revisar pero no copiar”.

Del universo de documentos militares, todavía hay un grupo de evidencias sobre la práctica de ejecuciones extrajudiciales que la Fiscalía nos ha permitido revisar pero no copiar

El abogado Escobar, por su parte, asegura que tras su tutela y la orden de la Corte Suprema, la Fiscalía les permitió acceder a unos documentos, pero aún falta que les dejen copiar “los que tienen el carácter de reservado, que son indispensables para tener una participación activa en los casos”.

Tras las tutelas, tanto las víctimas como los abogados esperan que sea mucho más abierto el acceso al expediente contra Mario Montoya, con el fin de seguir reclamando la justicia que, esperan, algún día llegue.

Entre la JEP y la Fiscalía

En el 2016, la Fiscalía anunció que le imputaría cargos al general (r) Mario Montoya Uribe para que respondiera por ‘falsos positivos’ durante su comandancia.

La imputación, sin embargo, nunca se dio y el caso quedó congelado en indagación, pues Montoya entró a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en donde en febrero de este año dio su versión. Esa justicia, tras depurar las diferentes bases de datos, identificó a 4.439 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que tuvieron su época más crítica en la era de Montoya.

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Según la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, en los años en que él fue cabeza del Ejército se reportaron 1.257 víctimas. El proceso contra Montoya sigue también en investigación en la Fiscalía hasta que la JEP anuncie la resolución de conclusiones, con lo cual el ente acusador perdería toda competencia, explicó un magistrado.

Las víctimas le han pedido a la JEP expulsar a Montoya, afirmando que ha incumplido su deber de decir la verdad. Al mismo tiempo, con tutelas, buscan que la Fiscalía General le impute cargos.

MILENA SARRALDE DUQUE
Subeditora de Justicia
 Twitter: @MSarralde

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