Hasta pensiones revisaría el Gobierno para ajustar el gasto | Economía



El programa para ajustar el gasto que tiene en mente el Gobierno Nacional planea tocar algunas pensiones que hoy existen en Colombia.

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El detalle está en uno de los textos entregados al Congreso con la ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2020 y en el mismo Plan Nacional de Desarrollo (PND).

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En el primer documento, el Ejecutivo explica que se hizo un diagnóstico del sector público, en el que se encontró que “existe espacio para el ajuste del gasto público en aras de lograr mayor efectividad. Esto requiere de una transformación profunda de la administración pública, que permita superar las barreras institucionales que hoy existen y que impiden mejorar la productividad del sector y elevar el ahorro público”.

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Para esto, agrega, el PND estableció nueve prioridades que estarían dirigidas a lograr este fin, siendo una de estas la de revisar “aquellos pagos de pensiones que fueron otorgadas con reglas diferentes al equilibrio entre lo aportado y lo reconocido por las entidades”.

Según una persona que conoce el tema, “esto se refiere particularmente al régimen de prima media (Colpensiones) y tiene que ver con regímenes viejos, a los que se les aplican unas reglas distintas, con las cuales podrían lograr que sus mesadas fueras más altas”.

De hecho, las bases del PND también lo relatan, cuando dicen que “es indispensable que el sistema general de pensiones unifique sus reglas para el reconocimiento de pensiones y el otorgamiento de beneficios; y que estas estén ligadas a las cotizaciones efectuadas, con el fin de cumplir los objetivos de equidad y justicia social promovidos por este plan”.

Otros pilares
Sin embargo, este es apenas uno de los nueve puntos con los que el Gobierno aspira llevar a cabo el ‘apretón del cinturón’ de aquí al 2022. Otro de estos implica una “racionalización, priorización y responsabilidad del gasto para los hogares y el sector productivo, financiado con el PGN”.

Para lo anterior, impulsará un proyecto de ley que regule cómo se asignan dichos recursos, entre los cuales se incluirían apoyos del Estado en cualquiera de sus modalidades, es decir, podría ir hasta la revisión de subsidios entregados, tanto a las familias como a algunas empresas.

“El proyecto de ley buscará fortalecer la asignación del gasto para los hogares y del sector productivo, enfocándolo en las personas o sectores que verdaderamente lo necesitan y por el tiempo que lo requieran, mediante la fijación de criterios objetivos y con la superación de las fallas del mercado en la definición del acceso y la temporalidad”, reza el PND.

Y agrega que “la propuesta del Gobierno también contemplará una clasificación específica, con el fin de obtener una contabilización visible de su costo tanto en el presupuesto general como en el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.

Todo lo anterior se hará con base en los barridos que lleve a cabo Planeación Nacional con el Sisbén IV, que actualmente sigue recolectando información, de tal modo que entre en vigencia hacia el segundo trimestre del 2020.

Entre tanto, el Ejecutivo seguirá trabajando en los otros ejes para ajustar el gasto público, entre los que se encuentran el fortalecimiento de la estrategia de defensa jurídica del Estado, la adopción de una política de reducción en los gastos de funcionamiento, la eliminación de duplicidades y la optimización de la productividad de los trabajadores oficiales.

A grandes rasgos, con estas medidas, el Gobierno de Iván Duque proyecta lograr un apretón acumulado de 1% del PIB (cerca de $10 billones). No obstante, gran parte de los analistas del mercado no lo ven así. De acuerdo con el presidente de Anif, Sergio Clavijo, cada vez más pierde “credibilidad la idea del Marco Fiscal del 2019 de lograr supuestos recortes presupuestales hasta de 1% del PIB en el acumulado 2019-2022, como el mecanismo para ganar sostenibilidad fiscal y contención en el incremento de la deuda pública. Como lo hemos explicado en otras ocasiones, el presupuesto tiene inflexibilidad a la baja hasta en 90% de su valor”.

De hecho, asegura que en marzo del próximo año se tendría que presentar una nueva reforma tributaria, en la que se proponga –nuevamente– la expansión al 19% de algunas tarifas del impuesto a las ventas (IVA) que aún permanecen en cero o 5%, “pero sin entrar a gravar el 30% exento de la canasta familiar”.

Del otro lado de la balanza –de los mayores ingresos–, el experto de la Universidad Javeriana va más allá y dice que el presupuesto no especifica cuánto se espera recibir por venta de empresas del Estado: “Si el Congreso aprueba este proyecto de ley como lo ha presentado el Gobierno, automáticamente estará aprobando la venta de empresas como ISA y Ecopetrol sin saber en cuánto las está valorando el Ministerio, y sin que se dé la debida discusión pública”.

Esta y otras apreciaciones relacionadas con el PGN 2020 serán resueltas, en gran parte, hoy en el Congreso, cuando se dé un debate de control político, al que están citados el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, para dar detalles en materia de venta de activos y recursos faltantes para el Presupuesto.

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